Ciudad de México, 3 ene (EFE).- El juzgado cuarto de distrito del estado mexicano de San Luis Potosí, concedió este lunes una suspensión contra la declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, ubicada dentro del estado.
Esto “para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive total o parcialmente de la posesión o disfrute de los derechos agrarios en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito”, informó en un comunicado el Frente Agrario Pro-Familias de la Sierra de San Miguelito.
La organización está integrada por los ejidatarios (personas a las que el Gobierno ha otorgado una porción de tierra) y los comuneros (titulares de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida) quienes dicen ser los auténticos propietarios de la Sierra de San Miguelito (SSM).
El 13 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial por el que se declara Área Natural Protegida “con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), a la Sierra de San Miguelito, ubicada en San Luis Potosí en los municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.
Según el decreto emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la SSM queda con “carácter de categoría del Área Natural Protegida de protección de flora y fauna, donde existen siete zonas núcleo con 24.515 hectáreas que hace el 22 % de esta ANP.
En tanto, la zona de amortiguamiento queda con 86.644 hectáreas y un 78 % esta ANP y con el cuidado de 700 especies vegetales y más de 300 especies animales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la declaración de la Sierra de San Miguelito como ANP incluiría la implementación de la iniciativa de reforestación Sembrando Vida, lo que beneficiará a campesinos habitantes de 35 ejidos y dos comunidades ubicados en las 111.160 hectáreas de territorio.
De acuerdo con el Frente, con la resolución del juez Dante Orlando Delgado se “detiene el decreto de creación del Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y se entra en el análisis de la defensa de los derechos humanos de los comuneros y sus familias, quienes presentaron su inconformidad ante esta instancia”.
El presidente de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, Luis Alberto Zavala, señaló que la acción “representa un gran paso en la defensa de la tierra de la cual les pretenden despojar”.
Agregó que, como comunidades afectadas, siguen pidiendo una reunión con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores.
“Queremos ser escuchados, pero jurídicamente daremos la batalla, porque la tierra es nuestro patrimonio y por generaciones nos ha pertenecido”, expuso Zavala en el comunicado.
Tras el decreto, los ejidatarios y comuneros señalaron que el estudio previo llevado a cabo por la Semarnat y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para fundamentar esa declaratoria “estuvo amañado”. EFE
