México.- El INE presentó hoy a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solicitud de recursos adicionales por un monto de $1,738,947,155.00 (mil setecientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para sumarlos a los recursos con los que ya se cuenta, derivados de varios ajustes, para realizar la Revocación de Mandato.
Lo anterior, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se establece que tanto la Secretaria de Hacienda como el INE, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentran obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía. Es decir, la Secretaría de Hacienda, como parte del Estado, debe garantizar también el ejercicio efectivo de los derechos políticos a través de propiciar la obtención de todos los elementos, incluyendo los recursos presupuestales, para que la Revocación de Mandato pueda llevarse a cabo.
La sentencia del TEPJF vincula a la Secretaría de Hacienda a responder la solicitud del INE a la brevedad, de manera fundada y motivada, y considerar que la Revocación de Mandato es una obligación de todo el Estado mexicano que involucra la participación de la ciudadanía en la vida pública del país.
El INE ha realizado ajustes presupuestales adicionales para reducir el costo del ejercicio de 3,830 a 3,306.73 millones de pesos; además, mediante ajustes a proyectos institucionales se destinaron 64.4 millones de pesos que se suman a los 1,503 millones ya disponibles; sin embargo, estos recursos resultan insuficientes para organizar una Revocación de Mandato con todas las características y número de casillas que se determinan en la legislación.
Al anunciar la presentación oficial de la solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, durante una sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada este día, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, expresó que se deberán hacer diversas adecuaciones a proyectos y tomar las decisiones que se requieren para cumplir, en la medida de las posibilidades institucionales y con los recursos disponibles, con la organización de la Revocación de Mandato, por lo que en la solicitud se pide que se responda antes del 31 de enero del 2022. “Es un mandato constitucional y legal que debemos hacer efectivo”, afirmó.
JR
