México.- La diputada Andrea Chávez Treviño, integrante de la bancada de Morena, propuso una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el disfrute de los derechos a la libertad de expresión de las manifestaciones y protesta pacífica.
La iniciativa tiene por objetivo que se asegure y garantice el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación a todas las personas y a todos los tipos de organizaciones y asociaciones sin necesidad de autorización, y que se establezca desde la Carta Magna de forma más clara y explícita.
Así como la presunción a favor de la licitud de las manifestaciones y protesta pacífica, “lo que implica que las fuerzas de seguridad no deben actuar bajo el supuesto de que constituyen una amenaza al orden público y con ello criminalizar y reprimir a quienes tienen el valor de alzar la voz”.
“El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica resultan esenciales para el funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, e igualmente, constituyen un canal que permite al pueblo mexicano y los distintos grupos de lo conforman expresar sus demandas”, manifestó la legisladora.
Asimismo, son la vía al respecto del acceso y cumplimiento a de sus derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, expuso la legisladora.
Chávez Treviño argumentó que diferentes estudios destacan la peligrosidad de protestar y defender los derechos humanos en América Latina.
Agregó que el concepto de criminalización de la protesta ha sido usado por organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y movimientos sociales, para nombrar un conjunto de estrategias recurridas por actores del Estado, como una forma de intimidar, inhibir y deslegitimar cualquier tipo de lucha.
En ese tenor, expuso que la criminalización de la protesta social en México alcanza una amplía visibilidad internacional desde 1968; durante la represión contra el movimiento estudiantil “la legislación penal en ese entonces fungió como herramienta para criminalizar mediante acusaciones penales a un movimiento estudiantil completamente legítimo”.
“Desde siempre, la protesta debió asumirse como un derecho que puede entenderse como un derecho autónomo o bien un derecho llave a través del cual se hace posible el ejercicio de otros derechos, desplegando los derechos de reunión, manifestación, libre expresión, asociación y petición”, mencionó.
Indicó que lo más importante es entender este derecho a la protesta, como aquella prerrogativa que el pueblo tiene de autotutelar sus derechos, para protestar pacíficamente en las calles cuando considera que estos han sido desatendidos.
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