Ciudad de México, 8 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó un recurso constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del Ejecutivo que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional y que puede blindar la información al respecto.
En un comunicado, el Inai informó que, tras un análisis realizado, se advirtió que el acuerdo “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.
Esto porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.
Por lo tanto, se concluyó que existe “una posible violación” al artículo 6 de la Constitución mexicana, pues “la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información” y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.
Además, dijo que al precisar que la información “será de seguridad nacional, abre la posibilidad de impugnación, mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, de las resoluciones en que se ordene la entrega de la misma información”.
El comisionado del Inai Francisco Javier Acuña aseguró que la decisión de interponer la controversia constitucional es porque “se detectó un riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad” del Poder Ejecutivo Federal en menoscabo del derecho de acceso a la información pública tutelado por el Inai.
En tanto, la presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el acuerdo “representa un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura”.
El comisionado Oscar Guerra dijo que en el acuerdo “se observa una posible afectación a este derecho” respecto de autorizaciones, dictámenes, permisos, licencias, licitaciones públicas y disposición de recursos.
Todos relacionados con los proyectos y obras del Gobierno de México, entre ellos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que podrían ser considerados como de interés público y seguridad nacional. EFE
